Tratado ratificado;¹ legislación comparada²

Muerte de un joven causada por agentes de la policía/ Derecho de reparación/ Referencia a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como fundamento de la competencia del Tribunal para imponer una indemnización económica

Un joven fue encontrado muerto en una vía de ferrocarril tras ser detenido por agentes de la policía. Su cuerpo estaba lleno de heridas profundas y de fracturas graves. El Tribunal Supremo de la India consideró que la muerte había sido causada por los agentes de la policía y que la familia del fallecido tenía derecho a una reparación. El problema jurídico que se planteaba era que el tipo de recurso presentado por el demandante³ no mencionaba expresamente la posibilidad de que el Tribunal Supremo otorgara una indemnización económica. A fin de fundamentar su autoridad para otorgar tal indemnización, el Tribunal se refirió a la práctica nacional en materia de reparaciones y a la Constitución de Trinidad y Tobago, la cual contiene una disposición similar al artículo 32 de la Constitución de la India en la que se faculta al tribunal para imponer una indemnización económica. El Tribunal se basó, entonces, en el derecho internacional para reforzar su argumentación, señalando lo siguiente:

“También se puede citar el artículo 9, 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que establece que el derecho efectivo a la reparación no es ajeno al concepto de ejercicio de un derecho reconocido.”

Mediante la remisión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tribunal Supremo de la India reforzó su conclusión de estar facultado para imponer una indemnización económica con objeto de reparar la vulneración de un derecho fundamental en un procedimiento iniciado en virtud del artículo 32 de la Constitución. La familia del joven se benefició de esta consideración.

¹ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.

² Constitución de Trinidad y Tobago.

³ El artículo 32 de la Constitución de la India prevé la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para ejercitar los derechos constitucionalmente reconocidos.