Tratados ratificados;¹ jurisprudencia extranjera²

Derecho de huelga/ Servicios esenciales/ Uso del derecho internacional como guía para la interpretación del derecho interno

Los sindicatos registrados que representan a diversas categorías de empleados del sector público demandaron órdenes que invalidaran la Sección 49 de la Ley de Conflictos Laborales (en adelante, la “TDA” según su abreviatura en inglés)³ y la enmienda, efectuada mediante el Instrumento Estatutario núm. 57 (en adelante, “IS 57”) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Internos sobre la lista de la TD que establecía la lista de servicios esenciales. Con esta enmienda, la lista de servicios esenciales se amplió hasta incluir servicios veterinarios, la talla de diamantes, los servicios de clasificación y venta y los servicios de enseñanza.

El Tribunal confirmó la postura de los demandantes de que la Sección 49 de la TDA era inconstitucional porque la Constitución asigna el poder legislativo al Parlamento y estudió los tres argumentos relativos a la invalidez del SI 57 que señalaron los demandantes. En primer lugar, los demandantes alegaron que el SI 57 era “ultra vires de la Sección 49 de la TDA, ya que, con una interpretación estricta, esta sección no capacita al Ministro para publicar una orden (tal y como hizo) incompatible con las obligaciones de Botswana con la OIT”.⁴ El Tribunal señaló que “en este país, los tribunales adoptan la postura amplia de que las disposiciones constitucionales y estatuarias se deben interpretar de forma que cumplan el derecho internacional”.⁵ El Tribunal señaló a continuación que Botswana ratificó los Convenios núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de asociación y el Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva y que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, al interpretar estos convenios, ha definido los servicios esenciales para el propósito de limitar el derecho de huelga como “servicios cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de una parte o del conjunto de la población”.⁶ Es más, señaló que “las opiniones de los expertos se consideran generalmente como fuente de derecho internacional”⁷ y que la CEACR también había enviado una observación al Gobierno de Botswana en la que expresó que “las nuevas categorías añadidas a la lista no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término” y solicitó la enmienda de esa lista.⁸ En vista de lo anterior, el Tribunal concluyó que no se debería interpretar que la Sección 49, suponiendo su validez constitucional, otorgue al Ministro un instrumento estatutario que vulnere las obligaciones legales internacionales de Botswana. Por tanto, el SI 57 resultaba inválido.

A continuación, el Tribunal examinó si el argumento según el cual la lista de servicios esenciales vulneraba la Sección 13 de la Constitución, que garantiza la libertad sindical pero que también permite limitaciones que son razonablemente justificables en una sociedad democrática. El Tribunal señaló que, no estando claro si bajo la Sección 13 la libertad de asociación incluía el derecho de huelga “incumbe a este tribunal el interpretar dicha sección de forma coherente con el derecho internacional”⁹ y señaló que “el derecho a la libertad sindical en el derecho internacional incluye el derecho de huelga.”¹⁰ Además, “el derecho internacional no acepta la prohibición de una huelga para proteger los intereses económicos como una limitación que sea razonablemente justificable en una sociedad democrática”, que era la supuesta justificación para añadir la mayoría de esas categorías a los servicios esenciales, y “la Comisión de Expertos parece aceptar que es razonablemente justificable en una sociedad democrática el restringir el derecho de huelga sólo en la medida en que se ajuste a su definición de servicios esenciales”.¹¹ Por tanto, el  SI 57 resulta inconstitucional.

El Tribunal recurrió a la opinión de los demandantes de que tenían la esperanza legítima de que el Ejecutivo tomara decisiones coherentes con las obligaciones internacionales de Botswana. En este respecto, el Tribunal adoptó la posición de que “el acto de firmar [los Convenios de la OIT] creó la expectativa de que los miembros del Ejecutivo no actuarían de forma que contradiga la letra y espíritu de estos Convenios a menos que se les (a los demandantes) ofrezca la oportunidad de argumentar lo contrario.”¹² Por ello, la promulgación del SI 57 resultó nula.

De este modo, basándose en los Convenios núm. 87 y núm 98 y el pronunciamiento de la Comisión de Expertos de la OIT, el Tribunal determinó que el SI 57, que ampliaba la lista de servicios esenciales, era inválido y por ello no tenía efecto.

¹ Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la OIT, 1948 (núm 87); Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva de la OIT, 1949 (núm 98).

² Australia, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos. El Tribunal también se remitió al caso Fiscal general c. Dow de Botswana,  3 de julio de 1992, BLR 119 (CA).

³ Sección 49: “El Ministro puede, mediante una orden publicada en la Gazette, enmendar la Lista.”

⁴ Párrafo  28.4 de la sentencia.

⁵ Párrafo 192 de la sentencia.

⁶ OIT: Libertad sindical y negociación colectiva. Estudio General de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Conferencia Internacional del Trabajo, 81ª Reunión, Ginebra, 1994, Informe III (4B), para. 159.

⁷ Párrafo 223 de la sentencia, que también se remite a una decisión idéntica en la Apelación Civil de Botswana Railways c. Botswana Railways Train Crew Union, Núm. CA CACLB -042-09.

⁸ Observación de la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio núm. 87 de la OIT en Botswana, publicado en 2012.

⁹ Párrafo 249 de la sentencia.

¹⁰ Párrafo. 250 de la sentencia.

¹¹ Párrafo. 252 de la sentencia.

¹² Párrafo 276 de la sentencia.