Tratados ratificados¹

Negociación colectiva/ Empleado público/ Trabajador oficial/ Resolución directa del litigio con base en el derecho internacional

La demandante era empleada pública de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Bello desde 1976 y solicitó a la entidad demandada que le reconociera y pagara su pensión de jubilación establecida en la convención colectiva de trabajo (periodo 1975-1977), y de la cual era parte el sindicato a la que estaba afiliada. El Municipio se negó al reconocimiento de la pensión argumentando que lo pactado en la convención colectiva únicamente podía beneficiar a los trabajadores “oficiales”² y no a los empleados públicos.

En primera y en segunda instancia las pretensiones de la demandante fueron desestimadas. Así las cosas, la demandante hizo uso del recurso de casación argumentando entre otras cosas, la violación de la Constitución y los Convenios núm. 98, 151 y 154 de la OIT.  La Corte consideró que las pretensiones habían sido negadas conforme a derecho, en tanto el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la convención colectiva  fija las condiciones que regirán los contratos de trabajo, y bajo esta modalidad la administración pública solamente vincula a los trabajadores oficiales. Pare reforzar su decisión indicó que el artículo 416 del mismo código,  no faculta  a los sindicatos de empleados públicos para  presentar pliegos de peticiones o celebrar convenciones colectivas, reservando este derecho a los trabajadores oficiales. Finalmente la Corte indicó que las normas en mención  respetaban los Convenios núm. 151 y núm. 154  de la OIT: 

“En este orden de ideas, es claro que los sindicatos de empleados públicos no tienen la posibilidad legal de generar un conflicto colectivo para entrar a discutir a través de un proceso de negociación colectiva incrementos salariales o cualesquiera otros beneficios relativos a la situación laboral de sus afiliados, toda vez que la fijación del  régimen  salarial  y prestacional  de  éstos  a nivel nacional se encuentra atribuida expresamente por la Constitución al Congreso de la República… 

Lo anterior no se contrapone a los Convenios 151 y 154 de la OIT… porque en tales instrumentos internacionales se consagra la negociación colectiva para los empleados públicos como una de las opciones que puede adoptar la autoridad nacional competente o también como una medida deseable para que las organizaciones que representan a aquéllos participen con las autoridades públicas competentes en el establecimiento de las condiciones de trabajo, así como en la solución de sus diferencias laborales… Aún más, el numeral 3 del artículo 1 del Convenio N° 154 deja abierta la posibilidad de que, en lo referente a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales puedan fijar modalidades particulares de aplicación de dicho Convenio.”³ 

La Corte concluyó que a la luz de los Convenios Internacionales 151 y 154 de la OIT las restricciones al derecho de negociación colectiva establecidas en la legislación nacional,  no representaban un desconocimiento de los derechos de la demandada y por ende negó sus pretensiones.

¹ Convenio  de la OIT sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151);  Convenio  de la OIT sobre  la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

² Los servidores públicos en Colombia se clasifican en tres grupos: Servidores en cargos elección popular; empleados públicos vinculados a través de actos administrativos; y trabajadores oficiales vinculados mediante contrato de trabajo. 

³ Pág. 10 y 11 de la decisión.